La presidenta de Perú, Dina Boluarte, renovó este lunes a su gabinete al cambiar a seis ministros, cuando se encuentra inmersa en plena crisis política por el caso de los relojes de lujo Rolex, por el que la Fiscalía le abrió una investigación preliminar por presunta corrupción.
El ministro del Interior, Víctor Torres, fue el primero en dimitir y horas después le siguieron los pasos otros cinco: los titulares de las carteras de la Mujer, Educación, Desarrollo Agrario, Producción y Comercio Exterior.
El cambio de funcionarios se produce dos días antes de que el primer ministro, Gustavo Adrianzén, acuda al Congreso para pedir su voto de confianza, razón por la cual la mandataria aceleró la reconformación del Ejecutivo escasas horas después de la salida de los ya exministros.
En una ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno, la jefa de Estado tomó el juramento a seis nuevos integrantes del gabinete, de un total de 18 ministerios en el Ejecutivo peruano.
En primer lugar, Boluarte tomó el juramento al general en retiro de la Policía, Walter Ortiz Acosta, como ministro del Interior, en reemplazo de Víctor Torres, que había presentado su renuncia horas antes. La mandataria también tomó juramento a Morgan Quero Gaime como ministro de Educación, en reemplazo de Miriam Ponce, quien agradeció a Boluarte por la confianza depositada para ejercer ese encargo.
En la cartera de Desarrollo Agrario y Riego, juró Ángel Manuel Manero Campos y en Producción lo hizo Sergio González Guerrero, en reemplazo de Jennifer Contreras y Ana María Choquehuanca, respectivamente
Igualmente, Boluarte tomó el juramento a Elizabeth Galdo Marín como ministra de Comercio Exterior y Turismo, en reemplazo de Juan Carlos Mathews, y de Ángela Teresa Hernández Cajo como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en sustitución de Nancy Tolentino.
Con estos cambios en el gabinete, el Ejecutivo peruano enfrentará el 3 de abril al pleno del Congreso con la expectativa de obtener el voto de confianza de las bancadas de oposición, que respaldaron a la mandataria después de las diligencias iniciadas por la Fiscalía, como el allanamiento de su vivienda y Palacio de Gobierno, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración.
